Hasta siempre, María

Como es más o menos sabido, un policía tucumano conocido como "Malevo" Ferreyra, a punto de ser detenido por su participación en violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, se suicidó el pasado viernes ante las cámaras de Crónica TV mientras le hacían un reportaje.
El canal llegó a emitir el reportaje, incluyendo la cruda imagen en la que el represor, tras despedirse de su esposa con un "hasta siempre, María", se disparó un tiro en la sien.
A pedido del titular del Comfer, Gabriel Mariotto, la jueza nacional en lo civil Martha de Gómez Alsina, dispuso prohibir a Crónica TV la emisión de imágenes relacionadas con el suicidio.
La medida judicial adoptada recuerda a la que se tomó, hace poco más de un año, cuando América Noticias difundió fotografías del cadáver de Nora Dalmasso. También en aquel entonces se difundieron, en horario de protección al menor, imágenes de inusual crudeza, cuya reiteración fue prohibida por la justicia. En ambos casos se reactualizaba la eterna relación entre muerte e imagen, de la que tanto y tan bien escribieran Barthes y Débray.
Los hechos difieren, desde luego: en un caso, se trataba de imágenes fijas, en el otro, de un video; en un caso, se trataba de fotos obtenidas en un procedimiento policial, en el otro, de un "reportaje" obtenido por el propio medio; en un caso el hecho reportado era remoto, en el otro era actual. En ambos casos, sin embargo, se verificó por parte de los medios de prensa una decisión consciente de emitir imágenes de una enorme crudeza y morbosidad, con fundamento en su valor informativo.
La decisión editorial en ambos casos aparece discutible y hasta condenable, particularmente por el horario de emisión. Aún cuando en la materia se verifique un enorme caos (del cual el Comfer es el principal responsable), no puede discutirse la necesidad de preservar a los niños de ser sometidos a contenidos que no se encuentran en condiciones de procesar, ni siquiera con intervención de los adultos que los educan. El propio Pacto de San José de Costa Rica prevé esta situación, tan luego en el mismo artículo (13) que proclama la libertad de expresión.
El suicidio televisado es un caso extremo y revulsivo, por muchos motivos. Existen opiniones fundadas de que la difusión de noticias sobre suicidios promueve conductas imitativas. Y aunque el canal involucrado se ha encargado de ganarse una reputación por su explosivo cóctel de morbosidad y chabacanería, existe algo terminalmente enfermo en presenciar la actuación de quien necesita una cámara de televisión para suicidarse. Con el agregado perverso de declarar su amor a la mujer a quien se está abandonando de la forma más traumática imaginable.
En el caso Dalmasso, los responsables de la información intentaron justificarla afirmando que se trataba más bien de fotos de la escena del crimen, que tendían a cuestionar la investigación del homicidio. Como justificativo tiene más color, aunque siempre estará el problema de que en esa escena del crimen el objeto central era el cadáver desnudo de una mujer, a la que sobreviven un esposo, hijos, padres, amigos, personas con sensibilidad y con derecho a que se respete su dolor.
Las decisiones editoriales son muchísimo más complejas y angustiantes de lo que imagina el común de la gente, y deben serlo más aún en un medio como la televisión, que suma, a la inmediatez, el enorme poder de la imagen en movimiento.
Sin embargo, no es el objeto de estas líneas cuestionar estos contenidos periodísticos, respecto de los cuales se descarta un rechazo social casi unánime.
El problema es, o mejor dicho, sigue siendo, el que mencionara Belluscio en su voto en el recordado caso "Servini de Cubría": un estado "francamente paradójico, cuando no inverosímil" en el cual la justicia asumiría un nuevo rol, el de "fisgonear por adelantado en las expresiones que vayan a hacer los habitantes de la Nación".
Y es que, si hay algo claro en materia de libertad de expresión, es que la censura previa está prohibida. En esto es claro el artículo 14 de la Constitución, que incluye una garantía original, no presente en la constitución de EEUU. Más claro aún es el Pacto de San José de Costa Rica, cuando habla de que el ejercicio de la libre expresión puede estar sujeto a "responsabilidades ulteriores", pero nunca a "censura previa". Más claro aún lo puso nuestra Corte en el caso "Ponzetti de Balbín" (donde se debatía, precisamente, la publicación de fotos de un moribundo) cuando expresó sin hesitación que la prohibición de censura previa es "absoluta".
Esto implica la total veda a cualquier intervención del estado en la formación de la expresión de los ciudadanos, sin perjuicio de juzgarlos después de ello por las responsabilidades en que pudieran incurrir. Y hay que recordar lo también dicho por la Corte, en el sentido de que el control estatal sobre la prensa no pierde tal carácter cuando es ejercido por los jueces.
Llamativamente, en ninguno de los dos casos la cuestión de la censura ha sido puesta de resalto, ni siquiera por parte de los organismos que habitualmente se ocupan de esta temática. Tal parece que en algunos casos resulta antipático socialmente defender los principios institucionales. Aún cuando se trate de uno como la libre expresión, sin cuya existencia se comprometen todos los demás derechos, se degrada la república, se compromete la producción intelectual y científica, se bastardean las conciencias.
La libertad de expresión -según se atribuye a George Orwell- existe precisamente para expresar aquello que no se desea escuchar. Incluso el más aberrante error debe ser expresado, ya que de lo contrario no podrá ser refutado, sólo será reprimido.
El Comfer tiene todo el poder necesario para castigar duramente estas transgresiones, incluso disponiendo la cancelación de las licencias otorgadas a los medios en cuestión. Pero claro, para eso haría falta valentía, honestidad, haría falta desatar los contubernios entre el gobierno y los grandes oligopolios periodísticos, haría falta, en definitiva, funcionarios verdaderamente servidores del público y aplicadores de la ley.
Como esas cualidades brillan por su ausencia, lo que tenemos es una progresiva degradación de la república mediante la instalación (Belluscio dixit) "de una censura cuya justificación resultaría mucho más escandalosa que el propio delito que pudiere consumarse con la expresión que pretende prohibirse". (foto: Telam)

Una violación en la escuela

Durante las últimas semanas, los medios de comunicación informaron, con profusión de detalles, sobre el escabroso caso de una niña residente en el Gran Buenos Aires, a quien un taxista, ofreciéndose a llevarla a su casa, la condujo a un descampado, la violó, la roció con combustible, le prendió fuego, y la abandonó a su suerte. La niña sobrevivió milagrosamente, aunque el aberrante crimen del que fuera víctima la marcará de por vida. Se trata de uno más entre múltiples casos de violación de niñas y adolescentes, sobre los que se informa a diario en los noticieros televisivos y radiales, y en los medios escritos. Para no hablar de los casos de abuso contra niños varones, que involucran a prominentes sacerdotes, psicólogos y docentes, y de los que también nos enteramos en la mesa familiar del mediodía.
Esa realidad social, de la que los adolescentes están ampliamente informados, aparentemente no puede ingresar a la escuela pública. Un burdo acto de censura perpetrado contra el libro "Un viejo perdido" del escritor pampeano Daniel Pellegrino, así lo atestiguaría. Aparentemente, el criterio sería que ocultar la realidad de la violencia sexual sería una forma de proteger a los jóvenes contra ella.
No hace falta enfatizar que tal criterio se refuta a sí mismo. El ocultamiento de una realidad nunca la hará desaparecer, sólo la hará más peligrosa, y para algunas personas, más atractiva. Quienes se sienten incapaces de lidiar con tales temas, sencillamente no deberían dedicarse a la docencia.
Llama la atención también la autoconfesada incapacidad para tratar en su debido contexto a un corpus literario, donde ningún párrafo puede ser analizado en forma aislada, y donde la convención planteada por la ficción, hace girar el tono del análisis. Un texto literario es bueno o malo, gusta o no. Plantear, como se pretende, la "necesidad" o no de incluir tal descripción o tal vocablo, sencillamente es ejercer de censor. En este caso, la obra literaria en cuestión aborda, con un estilo narrativo moderno y cuidado, la realidad social de un pequeño pueblo pampeano, la pobreza y la alienación de sus habitantes. La escena del escándalo no es más que un breve episodio dentro de ese contexto.
Resulta pertinente señalar que el criterio censor aquí comentado, conduciría a la prohibición de buena parte de los textos clásicos de la literatura universal. Sin ir más lejos, un estudio reciente publicado en esta ciudad, da cuenta del profuso tratamiento del sadismo sexual en la obra de Julio Cortázar, autor que no por casualidad fuera prohibido durante la última dictadura militar.
Como siempre ocurre en estos casos, el efecto causado por la censura ha sido el opuesto al deseado: la prohibición ha hecho llamar la atención del público sobre una obra literaria -de excelente factura, por cierto- que de otro modo hubiera languidecido entre un grupo de lectores más o menos reducido. Pellegrino integra una generación de jóvenes narradores pampeanos, que tienen escaso acceso a la publicación, y que aún de obtenerla, tienen serias dificultades para llegar al lector. Precisamente el proyecto en cuyo marco llegó su libro a las escuelas, se propone poner en contacto a los escritores y su obra con los alumnos.
Y es que la censura, en cualquiera de sus formas, no sólo es un atentado contra la constitución y la ley. También es, básicamente, un acto de estupidez.