¿Crucifijo? No, gracias.

Los símbolos religiosos no tienen nada que hacer en las oficinas públicas, y mucho menos en las salas de audiencias judiciales, donde se supone que se aplican las leyes democráticas de un estado laico, en el que rige la libertad de culto. Las declaraciones en tal sentido de una ministra de la Corte Suprema, deberían servir para que recapaciten los jueces que aún no han reflexionado sobre las implicancias de imponer sus símbolos religiosos a los ciudadanos que acuden a sus despachos.
La cuestión tiene una larga historia, con varios episodios. No hace mucho tiempo atrás, la propia Corte Suprema ordenó el retiro de una imagen de la Virgen María que se encontraba en el edificio donde funciona ese tribunal, pero en lugar de aprovechar ese fallo para enfatizar la libertad de cultos, empleó el argumento formal de que el emplazamiento de la imagen en cuestión no estaba respaldado por una resolución vigente. Un argumento similar fue el que utilizó, más cerca en el tiempo, la presidencia del Concejo Deliberante de Santa Rosa, respecto de otra imagen de la Virgen exhibida en ese cuerpo deliberativo. En la flamante ciudad judicial de Santa Rosa, en tanto, mucho antes de que el complejo comenzara a funcionar, ya estaba allí una Virgen emplazada en lugar prominente, sin que la cuestión mereciera el más mínimo tratamiento.
En Estados Unidos, en cambio, la Corte Suprema fue terminante en considerar que un "monumento a los diez mandamientos" emplazado en una corte de Alabama, violaba la primera enmienda de la constitución, e implicaba un inaceptable acto de apoyo estatal a un sistema de creencias religiosas. Podría argüirse además que un tosco y brevísimo sistema de valores creado por una sociedad tribal, que no incluye el concepto de la tolerancia, o que trata a la mujer como una posesión del hombre, mal puede servir de guía para resolver los complejos problemas que afronta un juez en nuestros días.
El peso cultural de la religión católica en nuestra sociedad ha logrado imponer y naturalizar esas imágenes religiosas como parte del paisaje. La subsistencia de este estado de cosas no puede continuar sin una mínima reflexión.
Cualquier persona ajena a la religión católica tiene todo el derecho a sentirse discriminado y amenazado si el juez que el Estado ha designado para resolver su caso le impone un símbolo religioso como posible fuente o inspiración de sus decisiones. El estado debe funcionar como morigerador de las tendencias fundamentalistas de todas las religiones, especialmente las monoteistas, que se proponen como "la única verdadera" y por ende llevan necesariamente a la discriminación de los "infieles".
Los símbolos cristianos, por otra parte, son susceptibles de ofender la sensibilidad contemporánea. Un crucifijo no es otra cosa que la representación de un cuerpo torturado y asesinado atroz e injustamente, y como tal, no parece un símbolo adecuado para la administración de justicia. Para el caso también podría colgarse un retrato explícito del descuartizamiento de Tupac Amaru, o del suplicio de Giordano Bruno, y el resultado sería el mismo.
No se trata aquí de coartar la libertad de cada persona para abrazar el culto que mejor satisfaga sus necesidades espirituales. Se trata de que quien detenta una porción del poder del estado, está obligado por ley a abrazar un sistema jurídico básicamente laico, y no puede usar ese poder para imponer, ni siquiera en el terreno simbólico, sus propias creencias a los demás.

Por sus frutos los conocerás...

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  La sociedad pampeana asiste atónita a la destemplada reacción de un sector de la iglesia católica, en contra de una ley provincial recientemente sancionada, por la cual se establece un procedimiento a seguir en los hospitales públicos, con el objeto de garantizar la efectiva vigencia del Código Penal en cuanto establece los casos en que el aborto no es punible. La norma busca dotar a los médicos de un mínimo marco de seguridad jurídica al momento de cumplir con la ley, precisamente por las infundadas denuncias de que han sido objeto últimamente por parte de sectores confesionales, en distintos lugares del país.
  La única justificación que se ha esgrimido (entre los muchos insultos dirigidos a los legisladores, de los cuales el de "asesinos" constituye directamente una calumnia) es la voluntad de imponer al resto de la sociedad el propio dogma católico, y la supuesta inconstitucionalidad de la norma penal nacional.
  El primer argumento se refuta a sí mismo como un gesto de claro fundamentalismo. El segundo, resulta más interesante por su sofisma. Plantear que una norma penal que tiene más de ochenta años de vigencia es inconstitucional, pese a que no existe sentencia firme que así lo disponga, resulta un despropósito. Sobre todo, si se tiene en cuenta que la filosofía que inspira a los tratados internacionales sobre derechos humanos que se invocan, nada tiene que ver con la doctrina católica: los derechos humanos son un sistema laico, precisamente porque uno de sus objetivos es proteger a las personas de los abusos del poder, sea éste estatal, económico o confesional. La experiencia histórica es clara en demostrar que las religiones son responsables de la buena parte de las guerras, genocidios y atrocidades cometidas contra la humanidad.
  Resulta curioso que estos crispados militantes no adviertan que acaso su conducta violente un principio de oro del cristianismo, cual es el respeto por el poder del Estado y sus leyes. Cuando Jesús instruyó a sus discípulos para "dar al César lo que es del César" zanjó claramente un principio de separación de competencias, que sin embargo los católicos se empeñan en violentar, obviamente por causas económicas (los sueldos que el estado argentino paga a los obispos con el dinero de todos los contribuyentes, católicos o no).
  Lo que la iglesia católica -pese a su proclamado afán de proteger la vida- nunca dice, es qué se hace con todos esos niños pobres que nacen. Qué se hace con todos los niños africanos que se contagian de HIV por la cerril oposición católica a la distribución de profilácticos. Qué se hace con la mente de todos los niños abusados por sacerdotes, víctimas a su vez del absurdo mandato del celibato.
  La respuesta es clara, a la luz de lo ocurrido en estos días en una parroquia del norte pampeano, donde un sacerdote se negó a darle la comunión a un niño hipoacúsico, con el pretexto de que él no podía comunicarse con el menor. Ni se le ocurrió a este cura que debía respetar los tratados internacionales que fulminan como contraria a los derechos humanos la discriminación contra discapacitados. Ni se le ocurrió que debía recurrir al sencillo recurso de un intérprete para instruir al niño en su religión.
  Curiosamente, este cura violador de los derechos humanos, tiene un justificativo religioso: de los diez mandamientos, no hay ninguno que ordene proteger a los niños.