Por sus frutos los conocerás...

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  La sociedad pampeana asiste atónita a la destemplada reacción de un sector de la iglesia católica, en contra de una ley provincial recientemente sancionada, por la cual se establece un procedimiento a seguir en los hospitales públicos, con el objeto de garantizar la efectiva vigencia del Código Penal en cuanto establece los casos en que el aborto no es punible. La norma busca dotar a los médicos de un mínimo marco de seguridad jurídica al momento de cumplir con la ley, precisamente por las infundadas denuncias de que han sido objeto últimamente por parte de sectores confesionales, en distintos lugares del país.
  La única justificación que se ha esgrimido (entre los muchos insultos dirigidos a los legisladores, de los cuales el de "asesinos" constituye directamente una calumnia) es la voluntad de imponer al resto de la sociedad el propio dogma católico, y la supuesta inconstitucionalidad de la norma penal nacional.
  El primer argumento se refuta a sí mismo como un gesto de claro fundamentalismo. El segundo, resulta más interesante por su sofisma. Plantear que una norma penal que tiene más de ochenta años de vigencia es inconstitucional, pese a que no existe sentencia firme que así lo disponga, resulta un despropósito. Sobre todo, si se tiene en cuenta que la filosofía que inspira a los tratados internacionales sobre derechos humanos que se invocan, nada tiene que ver con la doctrina católica: los derechos humanos son un sistema laico, precisamente porque uno de sus objetivos es proteger a las personas de los abusos del poder, sea éste estatal, económico o confesional. La experiencia histórica es clara en demostrar que las religiones son responsables de la buena parte de las guerras, genocidios y atrocidades cometidas contra la humanidad.
  Resulta curioso que estos crispados militantes no adviertan que acaso su conducta violente un principio de oro del cristianismo, cual es el respeto por el poder del Estado y sus leyes. Cuando Jesús instruyó a sus discípulos para "dar al César lo que es del César" zanjó claramente un principio de separación de competencias, que sin embargo los católicos se empeñan en violentar, obviamente por causas económicas (los sueldos que el estado argentino paga a los obispos con el dinero de todos los contribuyentes, católicos o no).
  Lo que la iglesia católica -pese a su proclamado afán de proteger la vida- nunca dice, es qué se hace con todos esos niños pobres que nacen. Qué se hace con todos los niños africanos que se contagian de HIV por la cerril oposición católica a la distribución de profilácticos. Qué se hace con la mente de todos los niños abusados por sacerdotes, víctimas a su vez del absurdo mandato del celibato.
  La respuesta es clara, a la luz de lo ocurrido en estos días en una parroquia del norte pampeano, donde un sacerdote se negó a darle la comunión a un niño hipoacúsico, con el pretexto de que él no podía comunicarse con el menor. Ni se le ocurrió a este cura que debía respetar los tratados internacionales que fulminan como contraria a los derechos humanos la discriminación contra discapacitados. Ni se le ocurrió que debía recurrir al sencillo recurso de un intérprete para instruir al niño en su religión.
  Curiosamente, este cura violador de los derechos humanos, tiene un justificativo religioso: de los diez mandamientos, no hay ninguno que ordene proteger a los niños.